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El tiempo se acorta para aquellos implicados en los procesos que investiga el Ministerio Público y que guardan relación con el caso Lava Jato y el ya confeso pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y particulares panameños. La atinada advertencia de la procuradora General de la Nación, que establece el 1 de junio como fecha tope para suscribir acuerdos de pena y colaboración efectiva con la institución, es claro ejemplo de la importancia que cobran herramientas como estas en las investigaciones judiciales. La experiencia brasileña ha demostrado que los acuerdos de delación premiada son una pieza clave en el desenlace de la investigación por corrupción más grande de la región, que no solo ha puesto tras las rejas a un magnate de la construcción, sino que además ha hecho temblar a políticos, funcionarios y hasta a expresidentes y presidentes en ejercicio. Este es un momento crucial, en el cual se pondrá a prueba este recurso en Panamá. Es tiempo de que la justicia panameña frene, de una vez por todas, a los corruptos y dé un ejemplo de que nadie está por encima de la ley.