Los resultados son alentadores. Desde que el 2 de septiembre de 2016 entró en vigencia el sistema penal acusatorio en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y en las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, los tiempos para la resolución de los procesos han disminuido notablemente, lo que, sin duda, redunda en una mejor y más eficiente administración de justicia, con la consecuente disminución de la mora judicial.
Estos resultados se repiten desde que el nuevo modelo penal comenzó a aplicarse en diferentes regiones del país desde 2011. Es decir, el sistema funciona y ya está probado. Ahora falta que las autoridades le destinen los recursos necesarios para su progresiva optimización.
También es indispensable que se implemente de una vez por todas la ley de carrera judicial y se cumpla con la elaboración y aplicación de una política criminológica de Estado, una deuda pendiente desde que se firmó el Pacto de Estado por la Justicia en 2005.
Con estas herramientas, más una prevención eficiente en materia delictiva y una política penitenciaria orientada hacia la resocialización de los privados de libertad, el país podrá comenzar a garantizar a sus ciudadanos una verdadera seguridad integral. No hacerlo es dejar el futuro en manos del “juega vivo” y el crimen organizado.