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La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto que emitió la Contraloría General de la República para fijar controles a las donaciones hechas por los diputados de la Asamblea Nacional, toda vez que viola la Constitución, “porque regula una materia inconstitucional”. En buen momento ha venido la Corte a emitir esta decisión, sobre todo después de que una investigación periodística dejara al descubierto el modus operandi que utilizaron algunos diputados para manipular millones de dólares de recursos públicos en beneficio propio. Esto nos recuerda la historia de las nefastas partidas circuitales, que luego de ser eliminadas, parecen haber continuado bajo el disfraz de donaciones. Con esta decisión, el mensaje enviado es muy claro: la función constitucional de los diputados no es otra que legislar en beneficio del país. Este es el momento propicio para que los fondos que manejan otras instituciones estatales en este concepto sean revisados. Es hora de acabar con los mercaderes del dolor ajeno que, sin el menor de los reparos, disfrazan de donaciones sus fechorías y prácticas clientelistas.