En Panamá, los políticos están acostumbrados a improvisar. La planificación, en la mayoría de los casos, no va más allá de los cinco años del gobierno de turno. Si el Canal se manejara de la misma forma en que los gobernantes administran la cosa pública, hace mucho tiempo estaríamos frente a una obra fracasada.
Las políticas de Estado casi son inexistentes, la planificación de la ciudad y de su crecimiento, del tejido vial, de los profesionales que necesita el país, del crecimiento y mejoras del servicio público, de escuelas y educación, y un largo etcétera no tienen el tiempo que se necesita para desarrollarse adecuadamente.
Solo son planes de gobierno que, además, en muchos casos no responden a un legítimo interés, sino a malsanas agendas personales para beneficiarse económicamente. Los gobiernos no son dueños de nuestro futuro, solo administran la empresa estatal.
Somos nosotros, los ciudadanos, los que deberíamos establecer nuestras prioridades y los políticos, ejecutarlas. Y porque somos los que ponemos el dinero para que se hagan estas obras es que estamos en nuestro pleno derecho a pedir cuentas, y los políticos obligados a responder.