hoyporhoy

La Ley de Justicia Comunitaria de Paz, aprobada en junio de 2016, pretende la transformación de la justicia que más afecta en la vida cotidiana a la ciudadanía. Los nuevos jueces de paz están llamados a cambiar la forma en que se toman las decisiones a nivel comunitario, resolviendo los conflictos de forma sencilla, con sentido común y respeto a los derechos humanos. Es sorprendente que a solo dos meses para que se implemente en el Primer Distrito Judicial, los funcionarios encargados de poner en marcha este cambio institucional reconozcan que no hay presupuesto para hacerlo. ¿Es esto una repetición del fiasco de la Ley de Carrera Judicial? Si hay dinero para desfiles de Navidad y aceras faraónicas que nadie pidió, entonces deben existir los fondos suficientes para ofrecer una mejor justicia comunitaria, que sí reclaman los ciudadanos. Estas contradicciones demuestran la falta de voluntad con la institucionalidad que se necesita para que el país pueda convivir armoniosamente y de forma pacífica. En el tercer año de gobierno, tanto el poder Ejecutivo como los alcaldes no tienen excusas para este incumplimiento.