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Cualquier proceso de modernización de la educación que ofrece el Estado en Panamá, tiene que partir de premisas ciertas. Uno de estos postulados es el de la evaluación permanente del rendimiento y del comportamiento de los distintos agentes y actores que forman parte de la comunidad educativa. Aquello que no se mide no puede ser corregido. Esto explica los mediocres resultados que produce nuestro sistema educativo, ya que se ignoran el impacto, calidad y pertinencia del currículo académico, a la vez que no se registra ni documenta la realidad de la infraestructura física y del entorno de enseñanza-aprendizaje en los que funciona el servicio público de educación. Aunque Panamá cuenta con una herramienta de autoevaluación educativa ampliamente utilizada por los docentes, es vital trascender este esquema e incorporar sin miedo al cambio, y a los nuevos mecanismos de evaluación. El país se está perdiendo importantes oportunidades de empleo y de generación de riqueza, debido al lastre provocado por la situación educativa. Los gremios docentes y la burocracia administrativa del sector tienen la responsabilidad de dar el primer paso: sí a la evaluación.