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La llamada “prueba idónea” es la salida trasera que le da la ley a los políticos para actuar en completa impunidad. Cada vez que un diputado es llamado a responder por sus actos, la “prueba idónea” sale a relucir como su blasón, privilegio este que los pone por encima del resto de los panameños, tal como si ellos fueran suprahumanos. Mientras exista el artilugio legal, estos políticos no podrán ser procesados, vivirán en el país de las maravillas, porque su propio prestigio les importa menos que el dinero que pueden amasar producto del abuso de poder y de los dineros públicos –nuestros impuestos–, sabiéndose inmunes a la justicia. El mejor negocio es obtener la credencial de diputado, porque esta se convierte en patente de corso, libres de hacer y deshacer. Y la responsabilidad de esta infame situación tienen que cargarla también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que poco hacen para que estos que se creen por encima de la ley conozcan el rigor de los procesos judiciales a los que tenemos que someternos el resto de los panameños. Si no hay fueros ni privilegios en esta materia, ¿por qué los diputados sí gozan de estas exenciones?