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Con saña y alevosía, después de meses de rejuego judicial, los ilustres magistrados de la Corte Suprema de Justicia reconocieron que son ellos, solo ellos, los que tienen competencia para juzgar a los diputados por delitos electorales. Esos juicios jamás ocurrirán, porque no hay prueba “idónea” que valga y, además, hoy prescriben todos los casos de delitos electorales, supuestamente cometidos el 4 de mayo de 2014. La Corte no se queda sola en esta descarada farsa de impunidad política, ya que la Fiscalía Electoral y sus despachos subalternos también dejaron prescribir cientos de expedientes contra alcaldes, representantes de corregimiento y candidatos perdedores. Las reformas electorales, recientemente aprobadas, no cambian en nada esta regla absurda de prescripción a los tres años de los peores delitos que se pueden cometer contra la democracia. Borrón y cuenta nueva, nos dice la clase política panameña. Las tempestades creadas por los vientos de impunidad nos persiguen. No hemos aprendido nada, y no hemos olvidado nada. Esa es la gran tragedia de la enfermedad política que tiene Panamá. Nos vemos el 5 de mayo de 2019.