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La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones específicas definidas por la Constitución Política, entre las cuales se destaca la de juzgar a los diputados de la República. Por esto, es de extrañar que el pleno del máximo tribunal haya remitido a la propia Asamblea Nacional la denuncia por el cobro de múltiples salarios que reciben algunos diputados suplentes. Como si se tratara de algún juego infantil, en el cual se le pasa la responsabilidad de decidir una causa tan seria a un tercero sin competencia para tal asunto, los magistrados ratifican su compromiso con la impunidad, y con el terrible daño que le hacen al Estado de derecho. Con esta decisión, ya no cabe la más mínima duda de que no hay forma posible de procesar a un diputado por aprovecharse del tesoro público. Esta nueva patente de corso revela lo obvio: son unos piratas que saquean nuestra democracia.