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Si hay algo claro en el manejo de las partidas discrecionales de la Presidencia de la República es que se manejan con criterios nada serios. No solo el actual gobernante ha mostrado poca prudencia al destinar nuestros impuestos para pagar compromisos de amigos y funcionarios, que por cierto no necesitan de ayuda estatal para costearse sus gastos personales. Han sido todos y en consecuencia ya debe acabar –en aras de la decencia, la cordura y la transparencia– esta práctica de hacer con el dinero ajeno lo que les da la gana. Lo hemos visto con Pérez Balladares, con Mireya Moscoso. Ricardo Martinelli las llevó a más de 50 millones de dólares y Martín Torrijos no se escapó del escándalo por su uso. Estas partidas no se crearon para apoyar concursos de belleza o pagar gastos, regalos y fiestas a la familia y amigos del gobernante de turno. Su uso es para enfrentar emergencias, como algún desastre. Pero lo que es un desastre ha sido su uso insensato.