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La criminalidad juvenil es una de las tareas pendientes que nuestra sociedad debe atender para cortar el crecimiento de la delincuencia. Entre los años 2012 y 2016, unos 491 adolescentes ingresaron a los centros de cumplimiento para menores de edad que gestiona el Ministerio de Gobierno. De esa cantidad, un 20% era reincidente y el 66% estaba privado de libertad en razón de haber cometido un robo o por posesión de un arma. Más allá de las estadísticas, son comunes los cuadro familiares disfuncionales, la deserción escolar, los entornos sociales con mucha presencia de consumo de drogas, y la relación del menor con otras personas que ya tienen problemas con la justicia. En esta etapa temprana de sus vidas, es cuando la reinserción social, combinada con planteamientos educativos adaptados a su realidad y el acompañamiento terapéutico correspondiente, puede romper el círculo vicioso que conduce a fabricar delincuentes profesionales. El fortalecimiento del modelo de gestión de los centros de menores es una oportunidad para que toda la sociedad participe en la construcción del futuro de estos jóvenes.