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En los despachos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los expedientes de los habeas corpus acumulan polvo, mientras que los folios de los amparos de garantías constitucionales se tornan amarillentos por el pasar del tiempo. En el mundo de la realidad judicial, nunca hay apuro ni prisa, porque las consecuencias las sufren otros, y el impacto de la justicia tardía se transforma en impunidad. Los supremos juristas de esta tierra no responden ante nadie por la mora, la ineficiencia, la torpeza, o la desidia, con la que manejan los casos que son de su conocimiento. Ellos pueden exigir y sancionar a todo aquel que incumple con los términos establecidos por la ley, pero esos mismos criterios no les son aplicables. Mientras tanto, han paralizado muchos de los casos de alto perfil, dejando que amparos injustificados, incidentes imaginarios y recursos dilatorios, proliferen por doquier. Entre viaje y viaje, la mayoría del pleno de la Corte Suprema demuestra lo poco que les importa con la sed de justicia de la ciudadanía. Así se administra justicia en nombre de la República, entre el descaro y la indiferencia, y ahogando la esperanza de un Panamá mejor.