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En los años recientes se han manifestado con total libertad los trabajadores, los gremios docentes, los jubilados, la sociedad civil reclamando una enérgica lucha contra la corrupción, y grupos católicos que conjuntamente con sus pares evangélicos hicieron saber su rechazo a los proyectos de salud sexual y de educación en sexualidad en las escuelas oficiales. Con estos antecedentes, sorprende la forma en que reaccionó la Policía Nacional ante una pequeña marcha de estudiantes universitarios, activistas de los derechos de las trabajadoras sexuales y otros ciudadanos, que quería llamar la atención sobre los presuntos abusos que comete la Policía Nacional al lidiar con este tema. El arresto de 15 personas, las cuales fueron conducidas al cuartel de San Miguel y la negativa de la Policía Nacional de explicar los protocolos y prácticas vigentes para enfrentar la prostitución callejera, no pueden ser las formas de atender este reclamo social. Las acciones de las autoridades demuestran que existe intolerancia y hasta incomodidad con esta protesta. Ante la Constitución, todos tenemos derechos y sobre todo las minorías para expresar críticas a la acción del Estado. Eso se llama democracia.