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En el año 2013, la importante ampliación de la carretera Interamericana entre David y Santiago le fue concedida en cinco tramos distintos a iguales grupos contratistas. De estos el más largo, que va de Santiago a Viguí, lo obtuvo la constructora Odebrecht. En 2016, el gobierno actual negoció cinco adendas, siendo la de Odebrecht por un monto de 39.9 millones de dólares. Nada importó que ya se conocieran los escándalos de sobornos de los que participaba esta firma en todo el mundo. El ministro de Obras Públicas suscribió la adenda y el contralor general de la República la refrendó. Esto confirma una vez más la debilidad de la normativa de contrataciones públicas del país. Es imperioso reformar estructuralmente este régimen para eliminar los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, los sobornos y la modificación constante de las licitaciones con adendas. Al gobierno del presidente Juan Carlos Varela le quedan dos años de mandato para cumplir con esta promesa, y para demostrar que el país puede tener un sistema de licitaciones y compras del Estado basado en la decencia y en la integridad de todas las partes.