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Los impuestos que los panameños pagamos con tanto esfuerzo, fueron entregados a una empresa como adelanto para la ampliación de una importante carretera. El dinero fue desviado para hacer una transacción comercial, lo que es un peculado. Su origen fue disimulado usando bancos en el extranjero, sociedades caribeñas, hasta colocarlo en una canasta junto con los fondos provenientes de otras empresas y personas naturales para comprar una editorial. El Ministerio Público ha hecho visible esta red siniestra que robó fondos públicos, y los blanqueó. No son delitos simples, sino actos criminales de la peor calaña. Los sobrecostos de las obras públicas financiaron los negocios y los caprichos del círculo cero. Los fiscales tienen en sus manos un caso sumamente sensible, porque hay tres periódicos críticos del gobierno actual que deben ser protegidos. Esto no es persecución a la libertad de expresión. Aquí debe quedar claro que el tesoro público debe ser defendido, al igual que la libertad de prensa. Panamá confía en que sus fiscales cumplirán cabalmente con estas tareas.