La inseguridad jurídica se manifiesta como el cambio de reglas, el incumplimiento de normas y obligaciones del Estado, y con la impunidad cotidiana que nos azota. Este tema le preocupa profundamente a los inversionistas nacionales y extranjeros de las áreas económicas especiales, por ejemplo, quienes tomaron sus decisiones de negocios basados en beneficios fiscales que de buenas a primeras pueden desaparecer. Otro caso es el del edificio construido casi en su totalidad, que recibió un permiso de construcción fuertemente cuestionado y que ahora ha sido anulado por la vía judicial. ¿Por qué tienen que sufrir las consecuencias de este entuerto ahorristas, trabajadores y profesionales? Por otro lado, el Banco Nacional de Panamá tendrá que pagar $5.3 millones por contratos incumplidos, ya que la Corte, con poco fundamento, lo encontró responsable. Como sociedad exigimos una reacción inmediata del Estado para acabar con este absurdo que nos cuesta millones a los panameños.