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El Índice de Basilea mide el riesgo de los países a que sean usados para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En su más reciente informe, este índice clasifica a Panamá como el cuarto peor país de América Latina y del Caribe, solo superado por Paraguay, Haití y Bolivia. Este alarmante resultado no debe ser una sorpresa por el legado de corrupción de alto perfil que Panamá está tratando de combatir. Además, la reticencia de las autoridades financieras y regulatorias a sancionar a los malos actores del sistema financiero, y hacer pública esta información tampoco nos ayuda. El valiente esfuerzo emprendido en años recientes ha logrado sacar a Panamá de las listas negativas de distintos organismos internacionales, pero es finalmente el historial de casos de éxitos y de justicia ejemplarizante en esta materia, lo que definirá a Panamá como un paraíso para inversiones legales, y no con la reputación de ser un refugio para delincuentes de alto vuelo, banqueros cómplices y autoridades indiferentes. Ese es el gran reto que toda la sociedad debe enfrentar para limpiarle el nombre al país.

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