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Cada vez es más evidente el saqueo de las arcas nacionales que habría perpetrado un grupo de empresarios cercanos al gobierno pasado. Tan solo en el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, pactado inicialmente en 2010 entre el Estado y la empresa TCT, por $152.6 millones —pero que terminó costando $161.8 millones—, auditores forenses de la Contraloría calculan que la lesión patrimonial sería de $7.9 millones. En esencia, el Estado terminó pagando hasta por supuestos trabajos que ni siquiera había pedido. Ello supone la violación frontal de normas de contratación pública, creadas para garantizar la integridad en el establecimiento de precios, especificaciones y otras condiciones en esos actos. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Las investigaciones de la fiscalía anticorrupción aún no terminan, pero hay múltiples indicios de que en este caso hay muchos personajes —incluidos dos exministros y el representante legal de la empresa— que aparentemente se hicieron de la vista gorda o participaron activamente en este atraco. Es hora de que se haga justicia.

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