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Cada persona debe responder por sus actos o, al menos, con ese norte debe trabajar la justicia. Sin embargo, en los últimos años, de una veintena de casos de alto perfil cuya investigación ha resultado en una solicitud de llamamiento a juicio, solo unos cuantos han alcanzado sentencia. Según algunos, los defensores abusan de prácticas dilatorias, que se acentúan cuando son varios los encausados y se traducen en sucesivas posposiciones de audiencias. Otros responsabilizan de esto a los jueces, que no designan defensores públicos en reemplazo de los abogados ausentes, aunque la ley se los permite en ciertos momentos. El Barón de Montesquieu dijo una vez que “no hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”, y sus palabras siguen vigentes. No podemos permitir que el nuestro se convierta en un fallido Estado de derecho en el que, bajo el manto de la ley, la impunidad sea la regla, con el argumento de que eso es hacer justicia.