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No hace mucho tiempo que se denunció el gran negocio que había con las llamadas fincas “saca presos”. Pocos años después, la infraestructura que permitió que prosperara una inmensa estafa al Estado sigue intacta. Decenas y hasta quizás centenares de sospechosos caminan libremente gracias a estas fincas, cuyos propietarios compran a precios bajos para luego parcelarlos y darles valor de millones de dólares a lotes que están en medio de montañas o en el monte, sin acceso a nada, pues ni los caminos llegan hasta ellos. Una vez más, el Estado es víctima de usureros que se burlan de la ley y la justicia en sus propias narices. Nada se hizo aquella vez que se denunció el ultraje, y no hay razones para pensar que algo se hará ahora, por lo que una vez más nos preguntamos: ¿quién cuida de nuestros intereses? Parece que los malhechores tienen más éxito en el Órgano Judicial que los ciudadanos honestos.