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“Quis custodiet ipsos custodes?”, dijo el poeta romano Juvenal, lo que se ha convertido en la pregunta fundamental para nuestra democracia: ¿quién controla a los poderosos? En el caso de la Asamblea Nacional, parece que nadie. En su propuesta de presupuesto para el año 2018, que ellos mismos se aprobaron, hay $6.4 millones altamente discrecionales, que pueden convertirse en una muy seria tentación. Por ejemplo, $5.8 millones de esa cantidad son para contratos de personal, adicional al que ya funciona en la institución. Los diputados indiscretamente se dejaron $40 mil para donaciones a personas necesitadas. Poco han servido los reportajes investigativos, las denuncias ciudadanas y un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de este poder del Estado saben que es poco probable que los fiscales los declaren en desacato por no entregar la información requerida sobre sus travesuras anteriores. Tampoco lo harán los magistrados de la Corte que, con algunas excepciones, tienen sus propios procesos judiciales en manos de los diputados. Si no aprenden, la mejor solución es mandarlos a sus casas en 2019.