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El poder ejecutivo firmó la ley que reforma el régimen de contrataciones públicas del Estado. Después de tres años de gobierno y a pesar de los grandes escándalos de corrupción en las licitaciones y compras del Estado, que empiezan con Odebrecht e incluyen las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN), la eterna ignominia de los medicamentos e insumos hospitalarios, y un larguísimo catálogo de contrataciones directas y licitaciones amañadas, el país se merecía algo más: una mejor ley, que combatiera los conflictos de intereses, inhabilitara las empresas coimeadoras, erradicara los peligrosos contratos llave en mano y arreglara, de una vez por todas, las compras de las medicinas. Nada de eso está en la nueva norma jurídica. Hubo suficiente tiempo para preparar una excerta que protegiera los intereses de Panamá en los próximos megaproyectos, como la línea 3 del Metro o el cuarto puente sobre el Canal. No existe justificación para esta mediocridad. Al final, ha sido una burla para la sociedad. La mejor forma de combatir la corrupción es prevenirla, y la nueva ley no lo hace.