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Las recientemente aprobadas reformas electorales pretenden acortar la duración de las campañas y reducir el costo de estas. El pasado fin de semana, dos aspirantes hicieron sendos actos partidistas, en los que manifestaron su intención de obtener la candidatura presidencial por el partido gobernante. Ni siquiera tienen fecha de primaria, cuando de forma poco disimulada ya confirmaron, lo que a todas luces se sabía. Ahora es el momento en que el Tribunal Electoral debe enviar un mensaje claro y contundente a todos los partidos. Estas organizaciones conocen perfectamente la letra y el espíritu de la norma, pero tientan la suerte para impulsar sus aspiraciones políticas. El ejercicio democrático exige que todas las candidaturas estén en igualdad de condiciones. Es sumamente difícil equilibrar estas cargas cuando se tiene el control de la chequera del Gobierno, y la capacidad de cortar todas las cintas de las obras del Estado o del municipio. Por muy perfecta y completa que sea la legislación electoral, los partidos políticos y los candidatos deben demostrar que honran a la democracia siempre, no solo cuando les favorece.