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La legislación procesal penal panameña tiene vacíos que son aprovechados por las personas vinculadas a muchos de los casos de la gran corrupción que sacudió al país en los años recientes. Uno de los ejemplos más evidentes de esta situación es el caso de los investigados que se evaden del país antes de su respectiva imputación o acusación. Cuando esto sucede, se da la paradoja de que la justicia queda prácticamente atada de pies y manos, porque están corriendo los términos de la investigación y los de la prescripción de los delitos. Esto solo estimula el juega vivo de abogados venales, y de sus clientes aún más corruptos. Si a esta ecuación se le suma la docilidad y la gentileza con la que el Órgano Judicial derrama sus fallos en los casos de alto perfil, entonces hay una necesidad de reformar el Código Procesal Penal, para evitar esta deslealtad y abuso de derecho que dañan a toda la nación. Así, la auténtica presunción de inocencia y el más puro debido proceso tendrán sentido y significado, dejando de ser una burla de la decencia de los panameños. ¡Ya basta. Exigimos que se haga justicia!