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El presidente de una asociación de vecinos es demandado civilmente porque su organización se opone a un negocio que cambió el uso de suelo de su comunidad. Una joven activista, cuya familia ha vivido por generaciones en las riberas de un río, es demandada por una empresa hidroeléctrica que quiere callar su resistencia. Una asociación vecinal de Coco del Mar y Viña del Mar se enfrenta a una demanda de 5 millones de dólares por oponerse infructuosamente a un edificio construido en sus cercanías. Estas son algunas de las realidades que viven los ciudadanos de este país, en total indefensión frente a actores poderosos que aspiran a obtener el mejor provecho para sus intereses. El bien común ya no existe, ya que las playas, las servidumbres, las normas de urbanismo y la consulta ciudadana son meros estorbos para el ejercicio irresponsable del poder. ¿Dónde está el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o el Ministerio de Ambiente? Firmando papeles, “ponchando” y sellando documentos favorables a sus benefactores. Panamá está llena de impunidad y la más grande es la que destruye la vida en comunidad.