A los panameños nos está siendo revelada una mina de datos respecto al proceder de funcionarios, testaferros y personas allegadas al poder. Nunca antes habíamos estado tan cerca de ponerle nombres, apellidos y cifras a la corrupción, pero nunca antes la verdad fue tan esquiva, escondida como está bajo falsedades, interpretaciones de “expertos”–cuyo propósito es confundir–, comentarios de políticos oportunistas y medias verdades difundidas por personas señaladas que aspiran a pasar por víctimas y, de paso, convertir en victimarios a aquellos que intentan echar luz sobre su turbio actuar. En este contexto de confusión, desconfianza e incertidumbre, la alternativa más segura es remitirse a los hechos, y estos hablan alto y claro: la contratista Odebrecht entregó sumas millonarias a personas con acceso al poder, incluidos allegados al actual presidente de la República. Los dineros eran destinados a obtener favores y se registraban en una contabilidad a la sombra y llegaban a los destinatarios a través de intrincados vericuetos jurídicos y geográficos. En torno a estos hechos se erigen aún múltiples dudas e interrogantes, pero el margen de confianza se estrecha rápidamente. El presidente tiene la palabra.