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En los meses transcurridos desde su introducción a la legislación panameña, las delaciones premiadas han demostrado ser eficaces en la batalla contra la corrupción. Gracias a estas, se han conocido detalles del complejo entramado que creó Odebrecht para asaltar las arcas panameñas; se ha recuperado dinero y bienes; y se avanza en investigaciones encaminadas a alcanzar a delincuentes de mayor perfil. Para incentivarlas, la ley contempla cambios de medidas cautelares y rebajas de pena; no obstante, la decisión de acogerse a estos acuerdos sigue siendo difícil. El delator debe devolver el dinero mal habido y aceptar sus culpas, con lo que se convierte en delincuente confeso; además, carga con la amenaza que pesa sobre quien viola la omertá. Sin embargo, el mayor desincentivo a las delaciones no lo plantean las consecuencias directas de estas, sino la impunidad que en ocasiones parece arropar a los que apuestan por el silencio y la artimaña jurídica. De allí la importancia de que, tanto la justicia como la sociedad, marque una diferencia a favor de quien hace el mea culpa.