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Juan Díaz tiene más de 100 mil habitantes, que se enfrentan cotidianamente a los efectos perniciosos de las malas prácticas urbanísticas. La topografía de esta zona es susceptible a inundaciones y deslaves, riesgo que aumenta por la destrucción de los manglares que delimitan este corregimiento. Frente a este panorama, sería muy razonable esperar que las autoridades municipales y nacionales —sobre todo las ambientales y urbanísticas— tuvieran mucho cuidado al considerar proyectos que impactan a esta comunidad. Como lo reconoce de forma tardía el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema, la amenaza ambiental es grande y hay que prevenirla. Esto no se corrige con paliativos o con la entrega de electrodomésticos y colchones después de una catástrofe previsible. Si los científicos y el sentido común dicen que no se puede construir como se solía hacer, es momento de cambiar. El tiempo de las excusas y la irresponsabilidad acabó.