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Los funcionarios de 22 municipios y 176 juntas comunales parecen hijos de un dios menor, ya que las entidades para las que trabajan no han pagado sus respectivas cuotas a la Caja de Seguro Social. Este oprobio ocurre a pesar del desfile de centenares de millones de dólares que reciben los municipios del país producto de la descentralización. Por si esto no fuera suficiente, cada una de las corporaciones municipales involucradas está violando la ley y, por tanto, se está cometiendo un delito. Es intolerable que una entidad del Gobierno nacional o local deje en la total indefensión a sus funcionarios, quienes no podrán recibir su cheque de jubilación o acudir en busca de asistencia médica, por la irresponsabilidad de sus superiores. Esta clase de barbaridades terminará cuando los ineptos causantes de este abuso paguen con cárcel su incumplimiento de la ley. Las autoridades están constituidas para cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas que rigen a nuestra nación. Si no son capaces de dar el ejemplo de obedecerlas al pie de la letra, entonces que lo den cuando sean sancionadas como responsables de su incumplimiento.