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Hace un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo judicial con Odebrecht, en el que esta se declaró culpable de pagar sobornos en África y América, incluyendo $59 millones en Panamá. La coima reconocida subió a casi $90 millones y, aunque el caso está estancado en una apelación para romper el nudo gordiano impuesto por la jueza Lania Batista, las asistencias judiciales y las investigaciones periodísticas continúan. Hoy sabemos que el partido gobernante recibió millones de Odebrecht, pero el proceso para averiguar más se encuentra paralizado en un tribunal. Por otro lado, las tácticas dilatorias de los defensores impiden el avance del proceso y a ello se suma la complicidad de jueces y magistrados que con sus fallos –muchos basados en meros formalismos– echan tierra a casos emblemáticos de corrupción. Lo peor es que, pese a lo que conocemos, nada se hace para cambiar las cosas. La Ley de Contrataciones Públicas sigue intacta, y ello permite que compañías corruptoras sigan participando en licitaciones. Ya veremos cuán profundo están enquistadas cuando se destape el mayor escándalo de corrupción local, el Lava Jato panameño.