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Así, sin ninguna pompa o circunstancia, concluyeron las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. No hubo debate parlamentario. Ni siquiera participaron los diputados y, por supuesto, tampoco hubo las ratificaciones de las dos juristas nominadas para convertirse en magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Ellas son las rehenes de un proceso empujado a último momento y con poca preparación. Desde que tomó posesión como presidente de la República, el 1 de julio de 2014, Juan Carlos Varela sabía perfectamente que debía hacer estas nominaciones. ¿Por qué esperar tanto? No había ningún asunto de Estado tan apremiante que impidiera hacer las entrevistas, la selección y remitir las nominaciones a los diputados con suficiente antelación. Mientras el mandatario se ausentó para disfrutar de sus vacaciones, la vicepresidenta de la República y múltiples miembros de su gabinete estaban participando de los testimonios de la consulta pública en la Asamblea Nacional. Ha quedado claro que las magistradas designadas cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. La deliberación real se centra en las prioridades presidenciales. Y un asunto tan serio requiere mucha más responsabilidad y compromiso.