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Cuando Odebrecht admitió que pagó coimas por 59 millones de dólares en Panamá, mintió. El exmandamás de la empresa en el país André Rabello no ha sido explícito en revelar sus operaciones ilegales en Panamá; más bien ha sido reticente a cooperar para llegar al fondo de lo que su empresa provocó en Panamá: el mayor escándalo de corrupción de la historia. La petición de Odebrecht para que se le permita participar en actos públicos de ahora en adelante –porque alega haber cumplido su parte del trato– es tan cínico como los que hoy niegan haber recibido las coimas. No solo no ha cooperado plenamente ni devuelto todo, sino que su participación fue activa en la corrupción, sin contar el costoso daño que ha causado a la sociedad, que vio en sus actos una forma fácil de obtener dinero. Si bien la decisión del juez, avalada por el Ministerio Público, de permitirle volver a licitar provoca escozor, lo del Ejecutivo y el Legislativo es imperdonable. Su falta de iniciativa para blindar la ley de Contrataciones Públicas contra el pillaje –de Odebrecht y de otras constructoras panameñas que saldrán a la luz pública en otro caso de corrupción– tristemente nos confirma que los políticos pueden tolerar y convivir cómoda y alegremente con la corrupción. Somos víctimas de una clase política que actúa con los mismos fines y principios que una pandilla; que solo aspira a salir con los bolsillos llenos, como lo hicieron los coimeados. Si el resto de la sociedad tiene que convivir con estos ejemplos, ¿qué podemos esperar? Terminaremos copiando el modelo y convertiremos este país en santuario de corruptos y corruptores.