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En su opinión consultiva del 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos efectuó un pronunciamiento muy significativo sobre la discriminación de las personas Lgbti y acerca del matrimonio igualitario. Queda claro que el reconocimiento de la unión consensual entre dos personas adultas del mismo sexo como un matrimonio es un derecho humano que debe ser respetado. La Corte Interamericana ha establecido una obligación para que países como Panamá adapten su legislación y sus instituciones a esta nueva realidad. Ha llegado el momento de que los prejuicios, la intolerancia y la discriminación sean cosas del pasado en las instituciones públicas que reconocían un solo modelo de familia. Esta no es una reivindicación meramente económica, sino un reconocimiento del derecho a la dignidad que tiene la existencia de cada persona. Ahora la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y las entidades del gobierno central tienen la tarea de identificar e implementar los cambios que se deben realizar. Esa es la esencia de un Estado de derecho que protege a sus ciudadanos.