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El fiscal general electoral, que tanta desilusión y desesperanza provocó con su comportamiento en materia de justicia electoral en las elecciones de 2014, tiene en sus manos hacer cumplir la ley electoral. Por ejemplo, desde octubre del año pasado su despacho conoce de los supuestos actos de campaña que involucran al alcalde capitalino y al ministro de Vivienda en Chiriquí, y hasta la fecha no ha remitido este expediente al Tribunal Electoral. Este funcionario tiene que ejercer la vigilancia sobre la cortadera de cintas, la repartidera de colchones y jamones, y el comportamiento clientelista de todos los posibles aspirantes a cargos de elección popular. El éxito de las reformas electorales depende de la transparencia y eficacia con que, de forma imparcial, se apliquen los controles establecidos. Las instituciones democráticas dependen de las reglas y de las personas que las hacen respetar.