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Si la Organización de Naciones Unidas (ONU) hiciera listas negras para incluir a los países que tienen legislaciones arcaicas y desprotegidos los derechos de la población infantil y adolescente, entonces Panamá seguramente estaría en ella y con pocas posibilidades de salir en corto tiempo. Resulta que las políticas nacionales en esta materia presentan deficiencias que tienen un arrastre de décadas. Una muestra de ese descuido gubernamental es el hecho de que Panamá es uno de los 10 países del mundo donde los niños y adolescentes corren mayor riesgo de violencia física, incluida la que se practica en forma de castigo en el ámbito familiar, sin contar otros ambientes en los que es bien visto –y hasta legal– este tipo de conductas contra menores. De hecho, en Panamá, el 30% de esta población recibe castigos físicos. Ayer, la Relatoría del Comité de los Derechos del Niño de la ONU le recordó a Panamá su falta de visión y de políticas en este tema. También cuestionó los toques de queda que se imponen a la circulación de menores, principalmente en horas de la noche. La crítica fue tremenda: “¿Es Panamá un Estado de derecho?”. Está claro que estamos frente a deficiencias inaceptables. El núcleo familiar ha dejado de ser importante para los gobiernos. Y luego nos preguntamos por qué Panamá retrocede en vez de avanzar.