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La sociedad contemporánea descansa sobre el uso intensivo de datos personales, información privada o pública, que puede ser utilizada sin el conocimiento de los ciudadanos, independientemente de la exactitud o precisión de la misma. Los datos personales son fundamentales para la formulación de estrategias de mercadeo y campañas electorales, incluso para fines ilícitos como la extorsión o el secuestro virtual. Frente a los desafíos de la gestión responsable de estos datos, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular esta materia. Después de un año de consultas, la Comisión de Gobierno de la Asamblea ha devuelto el proyecto a su proponente, por falta de recursos para implementarlo. Ahora es el turno del presidente de la República, de ejercer liderazgo en promover esta iniciativa. En un mundo digital en que somos tratados como números, merecemos el respeto de nuestros derechos.

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