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La impunidad es uno de los venenos que intoxica al Estado de derecho. Uno de los factores que más la favorece es la existencia de una legislación permisiva, que recompensa a los investigados que se escapan del país a esperar que las hojas del calendario produzcan la prescripción de la causa. La Asamblea Nacional tiene en sus manos el anteproyecto de ley 155 que modifica el Código Procesal Penal y que, entre otras cosas, permitiría imputar en ausencia a los investigados que hayan huido del brazo de la justicia. Esta figura —que nos puede parecer novedosa— es común en otros países y garantiza un balance entre el debido proceso y la protección del bien común. La mejor acción de la Interpol o la tramitación de procesos de extradición efectivos nunca van a sustituir un mecanismo que impida la malsana burla que se hace cotidianamente contra la justicia panameña. Es hora de equilibrar los procesos penales y castigar la corrupción.