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El caso de Financial Pacific (FP) incluye el tráfico de información privilegiada entre el regulador y la empresa, la especulación con las acciones de Minera Petaquilla, y movimientos de fondos en los casos del préstamo de la Caja de Ahorros y New Business. Además, hay que recordar el rastro de sangre y dolor de las decenas de muertos y heridos en Changuinola, Colón y San Félix. Es imposible olvidar la misteriosa destrucción de los archivos informáticos de la empresa. Este catálogo de horrores pinta a Financial Pacific como uno de los ejes de la red de corrupción del gobierno de Ricardo Martinelli. Un caso tan delicado, que requiere investigaciones sofisticadas en varios idiomas y en múltiples países, no puede estar sujeto a las mismas limitaciones de la justicia ordinaria. El juez Felipe Fuentes decidió el pasado 25 de enero declarar compleja la investigación del caso High Spirit, núcleo de la trama de FP, pero a la vez señaló que el plazo había vencido el pasado mes de diciembre. Esta broma macabra nos sumerge en una zona de tinieblas, de impunidad y descaro. Es muy evidente que las decisiones del Órgano Judicial cada vez se alejan más del concepto que tenemos de justicia. El repudio ciudadano por esta decisión debe ser contundente, pues ya basta de tanta impunidad.