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Los hechos han demostrado que en la Asamblea Nacional existe una infinidad de modos cuestionables para sustraer fondos estatales. Una reciente investigación de este medio sobre las donaciones y los contratos de trabajo temporal evidenciaron una monumental estafa al Estado, perpetrada por personal que responde a los diputados. Y por más que este diario ha solicitado información sobre estos contratos y donaciones, la Asamblea Nacional se niega sistemáticamente a entregarla, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a este Órgano del Estado a entregar la información. A esta opacidad de la Asamblea ahora se une la Contraloría General de la República, que ordenó auditar los contratos y donaciones, pero, lastimosamente, lo que ha hecho hasta ahora es un parapeto, alejado de cualquier intención seria de descubrir qué fue lo que pasó con esas decenas de millones de dólares. La Contraloría tiene un rol importante que jugar en la investigación que adelanta el Ministerio Público, pero tal parece que, al igual que los diputados, le interesa muy poco que se descubra la verdad.