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La evasión fiscal es uno de los más importantes desafíos que enfrentan las administraciones tributarias de la mayoría de los países. Esta prolifera en aquellos Estados burocráticos, en los que existe una percepción de que los recursos públicos son despilfarrados o se pierden en corrupción de los funcionarios y sus allegados. Además, si el mero acto de pagar los impuestos o tasas administrativas constituye un trámite engorroso, cargado de dificultades y de improvisaciones, la evasión se multiplicará. Con las rentas producto de una mejor recaudación, podrían ser acometidas con vigor, las grandes tareas pendientes, como la educación y la justicia, así como podría atenderse la gran deuda social del hambre, la falta de vivienda y la modernización de nuestra economía. Para establecer en Panamá el delito de la evasión fiscal es necesario que existan las garantías que impidan la persecusión política y el favoritismo. Nuestro país es el único de la región que carece de esta figura delictiva. Vale recordar que la equidad hacia los contribuyentes, combinada con la honestidad de los gobernantes, es siempre la mejor forma de cobrar impuestos.