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En la historia de la Contraloría General de la República no se había realizado una auditoría tan amplia y completa como la que en el día de ayer se entregó al Ministerio Público. Los hallazgos son repugnantes. Decenas de juntas comunales se prestaron para lavar millones de dólares de nuestros impuestos, en beneficio de la reelección de diputados de todos los partidos políticos. Aquí hay presuntos delitos como el peculado, el enriquecimiento injustificado, el blanqueo de capitales, la falsedad de documentos y otros que exigirán una investigación compleja de parte de los fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es el caso que no puede quedar impune. El Ministerio Público necesita de los recursos económicos y de la actualización de la legislación penal y procesal para cumplir con su misión. La Asamblea Nacional tiene la llave de los fondos y de los cambios legislativos. Señores diputados, demuestren que tienen un ápice de respeto por la Patria y dejen que esa investigación sea posible.