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Además de los usuarios, el subsidio al tanque de gas de 25 libras ha tenido como beneficiarios a las empresas envasadoras y su red de distribuidores. El Estado absorbía sus costos operativos, lo que les permitía llegar al consumidor a precios irrisorios y obtener ganancias pingües. Hoy, el alza en los costos —por un lado— y el control del precio —por el otro— ha apretado los márgenes. Como medida de presión, las distribuidoras amenazan con cortar el servicio. Saben que ponen al Gobierno contra la pared, pues se trata de un producto de primera necesidad. Absorber el alza en los costos de empresas privadas mediante un mayor subsidio, es inaceptable desde el punto de vista de las finanzas públicas. No es responsable ni justo que, a fin de alimentar al poder económico y contentar a sectores populares, el Gobierno eche más bloques a la pesada mochila de los contribuyentes.