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Mucho se ha dicho sobre el fuero penal electoral y cómo se ha abusado de él, hasta convertirlo en una especie de perenne burbuja de inmunidad. A la sazón, varios de los más conspicuos investigados por delitos contra la administración pública participaron en las elecciones que CD celebró en enero y, cuando parecía que su blindaje llegaba a su fin, ese partido vuelve a convocar a unos comicios internos. Sus razones tendrán para pasar tanto tiempo en ello, pero resulta insólito que algunos de estos aforados candidatos ni siquiera participan activamente en la elección, dado que no están en el país o son de paradero desconocido. ¿Cuándo será el día en que con reformas electorales quiten la atadura al Tribunal Electoral y le permitan de inmediato dejar sin efecto todo aquello que impida al Ministerio Público imponer las medidas cautelares que correspondan? Las autoridades electorales deberían proceder de forma expedita. No hacerlo puede marcar con un estigma el buen nombre de nuestra principal institución en materia electoral. Eso, en un país sediento de justicia, no debe suceder.

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