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El Ministerio Público (MP) presentó su respuesta institucional para asumir la responsabilidad por la investigación penal derivada de las 187 auditorías, que efectuó la Contraloría General de la República, pertinentes al uso de juntas comunales, como mecanismo de distribución de fondos públicos gestionados por los diputados en el gobierno pasado. El MP asignará 22 fiscales a esta tarea que depende, en primera instancia, de que el juez Enrique Paniza acepte declarar esta investigación como compleja. A su vez, en las próximas semanas y meses, la Corte Suprema de Justicia deberá prepararse para asumir la tarea investigativa de aquellos diputados reelectos que pudieran ser sospechosos de malos manejos. Suena muy fácil decir todo lo anterior, pero las instituciones de justicia enfrentan el mayor desafío de su historia. Esto no puede menospreciarse, como tampoco puede ignorarse que, en menos de dos meses, iniciamos el periodo electoral. Hacemos votos de esperanza para que fiscales, jueces y magistrados actúen con diligencia e integridad. El país necesita justicia y que se erradique la impunidad de la clase política.