La política nunca deja de sorprendernos. En este caso se trata de la postulación de dos empresarios veragüenses –con expedientes en los tribunales de este país– como candidatos a ocupar puestos de mando en el partido de Omar Torrijos Herrera, postulación cuyo único fin es hacer uso del comodín del fuero penal electoral para evadir los casos pendientes.
El fuero penal electoral, regulado en el Código Electoral, artículo 143, es para aquellos ciudadanos que aspiran a ser elegidos a un cargo de elección popular, y rige durante los procesos electorales convocados por el Tribunal Electoral y por los partidos políticos. El Decreto 11 de 28 de abril de 2008, que reglamenta esta figura, en su numeral C, define como candidato “al que se postula a lo interno de su partido político para un cargo dentro de los órganos de gobierno del partido”.
El artículo 2 del mismo decreto indica que para la Ley Electoral se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que en una investigación surjan méritos para indagarla o llamarla a responder judicialmente.
Ahora bien, ¿qué hacemos con aquellos candidatos que ya son imputados, que tienen medidas cautelares y que, sin la menor vergüenza, se postulan en las elecciones internas de un colectivo político?
La norma tiene un vacío enorme al respecto, porque no dice nada de los sujetos que ya están bajo la categoría de imputados al momento de la postulación. Es difícil que los partidos políticos rechacen la postulación de personas moralmente insolventes, pero con una cartera generosa; por el contrario, se les cobija bajo el manto de la impunidad para que se queden.
El término de este fuero penal es tan variable, que a veces puede durar hasta dos años, sin exagerar, pues surgen impugnaciones y trabas dentro de los colectivos. De manera que pueden pasar muchos meses antes de que se decrete el cierre del proceso. Y, ojo, de salir elegido el candidato-imputado para el cargo interno del partido, la ley lo vuelve a proteger con el nuevo fuero electoral de las elecciones generales, que se celebrarán en 2019.
Es muy probable que un fiscal o juez –por temor a que se le declare nulo un expediente– suspenda el proceso penal y no siga con la investigación hasta que el candidato-imputado se le haya vencido el fuero penal electoral, y como el expediente se tiene que suspender, entonces, la justicia que espere.
Nos guste o no, la clase política de este país está podrida, y gran culpa de eso lo tiene el Tribunal Electoral que ha patrocinado de todo, desde primarias que nunca se celebran por el permanente cambio de fechas; el control de partidos por Skype; hasta la emisión de resoluciones internas, a pesar de que las autoridades estén en el extranjero, que se dan como válidas. Toda esta permisibilidad ha empeorado más las cosas.
El Partido Revolucionario Democrático está remando duro para llegar a la Presidencia de la República en mayo de 2019, sin embargo, no es con remeros de dudosa reputación que logrará ese gran reto.
Limpiar la casa se hace necesario, aunque con ello se barra a los señores feudales que puedan patrocinar la costosa campaña electoral que se avecina.
Honorables magistrados del Tribunal Electoral, la sociedad entera ha puesto su esperanza en ustedes, pues tienen la gran oportunidad de decirle a los candidatos, sin ideales y sin moral, que no será por medio de las lagunas en la legislación electoral que van a burlar a la justicia; y que si bien es cierto sus postulaciones fueron admitidas a lo interno del colectivo de Omar, ustedes tienen, legal y privativamente, la última palabra.