En medio de los discursos oficiales que resaltan cifras de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, la realidad cotidiana del panameño promedio cuenta otra historia. Las proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional ubican a Panamá entre las economías más dinámicas de la región, pero ¿de qué sirve hablar de crecimiento si cada vez cuesta más llenar la nevera, pagar el transporte o cubrir la renta?
Estas afirmaciones contrastan con el día a día de decenas de panameños que, tras la pandemia, aún no logran recuperarse económicamente. Muchas familias arrastran deudas impagables, sobre las que se siguen aplicando intereses, sin considerar su ya precaria situación. La inflación, aunque aparentemente “moderada” en comparación con países vecinos, golpea con fuerza desigual. El alza en alimentos básicos, combustibles y servicios no afecta a todos por igual: mientras una minoría con alto poder adquisitivo logra amortiguar los aumentos, la mayoría de los trabajadores —formales e informales— ve cómo su salario pierde poder de compra día tras día.
Es ahí donde el espejismo macroeconómico se estrella contra la cruda desigualdad social. Y es también ahí donde el electorado pierde la fe en los políticos tradicionales, abriendo la puerta a figuras impensables que se presentan como salvadores de la economía doméstica.
La situación se agrava si recordamos que Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina. El crecimiento se concentra en sectores como la construcción, la logística y los servicios financieros, mientras el agro, la pequeña empresa y el trabajador informal quedan rezagados. En este contexto, hablar de estabilidad económica resulta, para muchos, casi un insulto. ¿Cómo explicar que el precio de medicamentos esenciales se dispare sin justificación lógica, mientras los salarios se mantienen estancados? ¿Cómo pedir calma cuando hay que elegir entre pagar la luz —cada vez más costosa— o comprar alimentos?
El problema no radica únicamente en la inflación, sino en la ausencia de políticas públicas eficaces que protejan a los hogares de los embates del mercado. Mientras se priorizan megaproyectos e incentivos a la inversión extranjera, se descuida el desarrollo de programas sostenibles que fortalezcan la producción nacional, garanticen seguridad alimentaria y promuevan empleo digno. El resultado: más dependencia de importaciones, mayor vulnerabilidad ante crisis externas y un ciudadano cada vez más expuesto a la incertidumbre.
El discurso gubernamental suele minimizar estas tensiones con subsidios y medidas paliativas, pero eso no es política económica: es clientelismo. Panamá necesita una estrategia clara y estructural que garantice que el crecimiento no se quede en las estadísticas, sino que llegue, de forma tangible, a la mesa de cada familia.
La inflación en Panamá no es solo un fenómeno estadístico. Es el síntoma más visible de un modelo económico que ha favorecido a unos pocos mientras condena a muchos a vivir en la precariedad. Y cuando las promesas del mercado no se traducen en bienestar colectivo, la ciudadanía comienza a buscar alternativas, incluso fuera del espectro político tradicional. La derecha, que ha dominado el poder durante décadas, no ha logrado ofrecer respuestas suficientes para contener el desgaste del modelo, ni ha impedido que crezca la miseria en sectores amplios de la población.
La gran pregunta, entonces, no es si la economía crecerá, sino quién crecerá con ella. ¿Seguiremos celebrando cifras que maquillan la realidad o tendremos el coraje de discutir un modelo que redistribuya con justicia, antes de que el costo social nos alcance de forma irreversible?
El autor es máster en administración industrial.
