En Panamá celebramos cada vez que se inaugura una nueva carretera, una línea de metro o un puente. Esas obras se presentan como símbolos de progreso y desarrollo. Sin embargo, hay otra infraestructura que aparece muy poco en los discursos oficiales y que, paradójicamente, sostiene la vida cotidiana de millones de personas: la infraestructura social.
Cuando hablamos de infraestructura social nos referimos a los hilos invisibles que nos conectan y hacen posible la vida compartida: servicios de salud y educación accesibles, transporte público digno, espacios de encuentro comunitario, redes de cuidados para la niñez, la vejez y las personas con discapacidad. Son piezas que no siempre se ven, pero que definen la calidad de nuestras relaciones, la confianza entre ciudadanos y la manera en que habitamos un territorio.
Hoy, esos hilos están debilitados. La tercera Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2023) reveló que más del 80% de la población panameña considera que la mayoría de la gente es poco o nada confiable. Esta percepción no es solo cultural: es consecuencia de barrios fragmentados, deficiencia de servicios básicos, falta de espacios seguros para convivir y ausencia de diálogo entre instituciones y ciudadanía. El resultado es una infraestructura social frágil que erosiona la cohesión, amplía desigualdades y limita nuestro verdadero potencial de desarrollo; una debilidad que se hace especialmente visible en el ámbito del cuidado.
Cuidar es algo que todos hemos hecho o recibido en algún momento. Sin embargo, en Panamá y en muchos países de América Latina, las tareas de cuidado no se reparten de manera justa. El Estado, el mercado, los hombres y la comunidad no han asumido su parte, y la responsabilidad recae sobre todo en las mujeres, quienes sostienen el bienestar de niños, adultos mayores y personas dependientes. Cuando el cuidado queda casi solo en el hogar, se convierte en una tarea femenina y privada, bajo la idea de que cada familia debe arreglárselas como pueda. Esta forma de ver el cuidado no solo dificulta el acceso igualitario a estos servicios, sino que también mantiene las desigualdades sociales y económicas.
Mientras destinamos millones a proyectos viales, en muchos corregimientos no existe ni una sola opción formal de apoyo al cuidado. Así, el acceso a estos servicios se convierte en un marcador de desigualdad territorial: depende de dónde vivas y de cuánto puedas pagar. A la vez, la movilidad y el cuidado están estrechamente vinculados: de poco sirve tener una línea de metro de última generación si, al llegar a destino, no hay guarderías, centros de día o parques seguros que alivien la carga de las familias.
Además, la falta de políticas y servicios de cuidado no solo afecta a las familias, sino que también tiene un alto costo económico. Organismos internacionales han mostrado que invertir en el cuidado crea empleos, ayuda a que más personas, especialmente mujeres, trabajen y fortalece la economía. No es un gasto, sino una inversión que multiplica beneficios.
Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿qué significa realmente progreso y desarrollo? Si solo pensamos en kilómetros de carretera o en la cantidad de edificios, estamos dejando de lado lo más importante. Podemos construir más calles y edificios, pero si no sumamos sistemas de cuidado, espacios públicos para todos y un sentido de comunidad, solo avanzaremos hacia un progreso que se mide en cemento, pero no en bienestar.
La autora es paisajista, investigadora territorial y directora de Colectiva PLURAL.
