Imaginemos que Panamá es una empresa. Una con activos estratégicos como el Canal, una ubicación privilegiada y un sistema bancario y tributario atractivo. Ahora, supongamos que esta empresa decide presentar un ambicioso plan de negocios: ingresar al exclusivo “club” de las economías desarrolladas, la OCDE. ¿Cuál sería la reacción del comité directivo si ese plan llegara sin un análisis de riesgos, sin evaluar cómo podría afectar el modelo de negocios, sin estimar los costos reales y sin una estrategia clara de implementación?
Este símil empresarial nos invita a reflexionar sobre una decisión que, aunque legítima y potencialmente beneficiosa, requiere ser evaluada con profundidad técnica y visión estratégica. La OCDE representa un conjunto de estándares internacionales que promueven la transparencia, la cooperación fiscal y la gobernanza responsable. Sin embargo, también conlleva compromisos regulatorios y económicos que pueden tener efectos significativos en sectores clave como el financiero, el legal, el tributario y el comercial. ¿Estamos preparados para cumplir con estos estándares sin comprometer nuestra competitividad?
Además, vale la pena considerar el perfil de los países que integran actualmente la OCDE. La mayoría son economías europeas que enfrentan hoy altos niveles de regulación, bajo crecimiento económico y desafíos estructurales persistentes. De hecho, muchos de estos países se enfrentan a lo que algunos analistas denominan un “laberinto regulatorio europeo”, caracterizado por una maraña de normas que, lejos de fomentar la eficiencia, han contribuido a la rigidez económica y a la pérdida de competitividad en sectores clave. Actualmente, el 60.5% de los países miembros de la OCDE son europeos.
¿Es ese el modelo que Panamá debe seguir? ¿O deberíamos explorar alternativas que prioricen la flexibilidad regulatoria y la atracción de inversiones, como lo ha intentado recientemente Argentina con su enfoque de desregulación?
Otro aspecto que no debe pasarse por alto es el costo de mantenerse dentro de la OCDE. No se trata únicamente de cuotas financieras, sino del esfuerzo institucional y presupuestario que implica adaptar nuestras leyes, procesos y estructuras a estándares internacionales que, en ocasiones, pueden no estar alineados con nuestra realidad económica y social. Este costo de cumplimiento puede desviar recursos de otras prioridades nacionales urgentes.
Volviendo al símil empresarial: si un gerente presenta un plan que implica grandes cambios estructurales, pero no explica cómo se financiarán, qué impacto tendrán en los ingresos ni cómo se mitigarán los riesgos, ese plan sería devuelto para revisión. De igual forma, el ingreso a la OCDE debe ser objeto de un debate nacional serio, con participación de expertos, sectores productivos y la ciudadanía.
La OCDE no es un premio. Es un compromiso. Y, como todo compromiso, debe asumirse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, con una visión estratégica que garantice que Panamá avance hacia el desarrollo sin perder su capacidad de adaptarse y competir.
El autor es abogado.
