El diputado José Castillo oficializó el debate relativo al uso medicinal del cannabis con el Proyecto de Ley No. 595, iniciativa legislativa que será polarizante, similar al fallido Proyecto de Ley No. 61 sobre educación sexual. El debate forma parte de una discusión más grande por ser el primer paso en cambiar la política prohibicionista.
La era de la prohibición de las drogas está llegando a su fin, evidenciado por su notorio fracaso y una fuerte tendencia de legalización del cannabis (medicinal y recreacional). En Panamá ya estamos tarde. Solo en América, Canadá, Estados Unidos (a nivel estatal), México, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay permiten en distintos grados el cannabis.
A diferencia de muchas drogas legales e ilegales no existe registro alguno de muerte por sobredosis de cannabis. Una multiplicidad de estudios afirman que el cannabis tiene un uso medicinal legítimo para pacientes con condiciones paliativas, trastornos alimenticios, síndrome de estrés postraumático, cáncer, entre otros. El cannabis es un complemento a la medicina tradicional y sería injusto prohibirle una mejor calidad de vida a quienes sufren estos padecimientos. Al fin y al cabo, el cuerpo humano es la primera y más importante propiedad de cada uno. El Estado debe respetar nuestra autonomía a decidir qué hacer con nuestra propiedad, especialmente si no afecta a otros.
Existen preocupaciones válidas sobre los efectos de la planta, particularmente en menores de 21 años cuyo cerebro continúa en desarrollo. Las preocupaciones son menores al contrastarlas con el alcohol y tabaco (ambas sustancias permitidas y alentadas por la sociedad), cuyos niveles de daño, adicción y dependencia son mucho mayores que los del cannabis. El Comité Científico Independiente sobre las Drogas, liderado por el neuropsicofarmacólogo británico David Nutt, comparó el daño causado a los usuarios y a la sociedad (crimen, ausentismo, descompostura familiar) de 20 drogas, quedando el alcohol como la droga más dañina, seguido por la heroína y el “crack”; el cannabis quedó de octavo. El uso del cannabis tiene sus riesgos como cualquier droga, sin embargo, en proporción con sustancias más familiares le asignamos un riesgo y prohibición excesiva.
La política prohibicionista representa un costo social y económico gigante. En Panamá hay 16 mil 111 personas privadas de libertad y aproximadamente 4 mil 500 personas (28% del total) lo están por delitos relacionados con drogas. El costo y desgaste que representa para la Policía Nacional, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario hacer cumplir la prohibición es injustificable. Además del dinero y recurso utilizado midámoslo en el tiempo que un policía dedicó a cumplir la prohibición en vez de perseguir delitos violentos, las personas separadas de sus familias y futuras oportunidades arruinadas por ofensas no violentas. Mientras nuestros vecinos abandonan la prohibición, Panamá continúa invirtiendo en una política fracasada.
El proyecto, lejos del estándar regional, únicamente permite la importación del cannabis para usos médicos y crea toda una burocracia estatal para fiscalizar su uso. La posesión de cannabis no medicinal seguirá siendo una falta penal y es prohibido su cultivo y producción de medicamentos. Por más pequeño que sea el avance del Proyecto No. 595 no deja de ser un paso importante para construir una sociedad más libre.
“Las sanciones por posesión de drogas no deben ser más dañinas para un individuo que el uso de la droga en sí; y cuando lo sean deben ser cambiadas.” – Jimmy Carter
El autor es miembro de la Fundación Libertad