El proceso de transformación digital que está impulsando la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en Panamá es una señal clara de modernización del Estado. Iniciativas como Panamá Conecta, así como el fortalecimiento de plataformas tecnológicas públicas, representan un avance concreto hacia un gobierno más eficiente, transparente y centrado en el ciudadano.
Este progreso debe ser reconocido y ampliado a todos los sectores. Las personas pueden realizar trámites desde sus hogares, sin depender de intermediarios y con una reducción significativa de costos de transporte, tiempo perdido en filas y afectaciones a sus jornadas laborales, lo que además permite mayor tiempo en familia. Es un cambio estructural en la manera en que se ejerce la ciudadanía.
Sin embargo, este avance no será completo si no atendemos una de las brechas más profundas: la desigualdad digital. En zonas rurales, entre personas mayores o en sectores con menos recursos, el acceso a internet, a dispositivos adecuados o a conocimientos básicos sigue siendo limitado. Si no abordamos esta realidad con programas de formación, alfabetización digital y expansión de la conectividad, corremos el riesgo de crear una transformación digital que beneficie solo a una parte del país.
Un paso importante ya dado es la implementación de una clave única para el ciudadano, que permite acceder a múltiples servicios desde un solo punto. Pero, para fortalecer la confianza y la seguridad en su uso, es necesario avanzar hacia esquemas de doble verificación y autenticación robusta, tal como se ha hecho en países con ecosistemas digitales consolidados. En este punto, también debemos considerar que muchas personas enfrentan barreras técnicas o educativas que les impiden utilizar correctamente estas herramientas si no reciben acompañamiento y apoyo activo.
Otro eje estratégico es la interoperabilidad entre instituciones públicas, de manera que los datos no se dupliquen, los trámites no se repitan y el ciudadano no deba actuar como mensajero del propio Estado. Asimismo, urge fomentar la interacción fluida con el sector privado, promoviendo plataformas y servicios digitales que funcionen de forma coordinada entre gobierno, empresas, salud, educación y banca.
A medida que este ecosistema digital crece, también lo hacen los riesgos. La transformación debe ir acompañada de una estrategia integral de ciberseguridad, que involucre educación, monitoreo y normas claras. La formación ciudadana en seguridad digital ya no es opcional: es un derecho y una necesidad.
Y más allá de los ciberataques, también debemos prepararnos para amenazas como el robo o la filtración de bases de datos. En este sentido, es urgente establecer un marco sólido de gobernanza de datos, con responsabilidad institucional, reglas de acceso, trazabilidad y mecanismos para proteger la información de todos los panameños.
En América Latina, Uruguay nos ofrece un modelo inspirador: identidad digital, 100 % de los trámites se pueden iniciar en línea, firma electrónica avanzada e interoperabilidad entre instituciones públicas. A nivel global, países como Estonia y Corea del Sur demuestran que es posible combinar eficiencia, inclusión y confianza en un sistema digital maduro.
El desafío es ampliarlo con políticas centradas en cerrar la brecha digital, asegurar la interoperabilidad estatal, robustecer la ciberseguridad, mejorar la gobernanza de datos y sumar activamente al sector privado. Panamá ya dio un paso valiente y necesario.
El autor es ingeniero, especialista en ciberseguridad y transformación digital.
